Las tasas judiciales. ¿En serio?

La Ley 10/2012, de 20 de Noviembre (en adelante, Ley de Tasas), por la que se aprueban las conocidas como “tasas judiciales” establecía un requisito para acceder a la jurisdicción ordinaria tanto a las personas físicas como jurídicas, que es el pago de una cantidad de dinero como requisito para ejercitar el derecho que tiene todo ciudadano español recogido en la CE, esto es, el acceso a la tutela judicial efectiva.

A modo de ejemplo: una persona que en vía administrativa ha sido sancionada de manera irregular mediante pruebas no concluyentes o sin indicios suficientes de infracción, agota dicha vía y tiene que acudir a un contencioso para que un juez le permita aportar las pruebas que no ha podido aportar hasta entonces rechazadas. La Ley de Tasas obligaría a esa persona a pagar 300€ para poder acceder a la jurisdicción y así ejercitar su derecho. Es decir, las tasas ponen precio al ejercicio de un derecho constitucional.

El pasado viernes 27 de Febrero, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que mediante un Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros se derogan las tasas para que los ciudadanos (persona física) puedan ejercitar sus derechos.

Las tasas han dejado a miles de personas sin poder iniciar los procedimientos judiciales necesarios para realizar su derecho por la simple falta de dinero para poder pagar las tasas en las diversas instancias judiciales.

La derogación de las tasas es una medida que ya se llevaba solicitando desde la aprobación de dicha Ley, la cual no ha creado sino inseguridad en los ciudadanos al ver como la Administración de Justicia, en teoría uno de los pilares de un Estado Democrático y de Derecho, se iba convirtiendo en una institución al servicio de quienes tenían dinero para permitírselo.

La mejora de la Administración de Justicia no debe hacerse desatascando las primeras instancias a fuerza de tasa para disuadir de su uso,  sino mediante una buena asignación de los Presupuestos que permita convocar más oposiciones y formar a Jueces que aumenten la eficiencia de la Justicia.

F.D.O. Alejandro Sánchez Jiménez.