Crisis. La palabra que nunca parece irse. Esa crisis que ha sacado a
relucir otras crisis latentes que han servido como caldo de cultivo para que,
los indicadores que reflejan el grado de confianza del pueblo español en las
instituciones, decaigan estrepitosamente. Un factor que, en no mucho tiempo,
puede llevar a la ingobernabilidad y a un sistema democrático basado en las
coaliciones de partidos.
España es el país de la Unión Europea en el que más ha aumentado la percepción de corrupción. Ni siquiera en Italia ha crecido tanto. Y esto no sólo lo vemos en los partidos políticos, sino también en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Parlamento o la Monarquía. El 77% de los españoles aseguran que la corrupción es parte de la cultura de los negocios y, las empresas, creen que el éxito de los negocios está en las concesiones políticas.
Sin embargo, si analizamos la corrupción en datos cuantitativos (como,
por ejemplo, el número de sobornos acaecidos en los últimos meses) y no como
forma de percepción ciudadana, nos encontramos con –oh, sorpresa- resultados
similares a los de Alemania. Conclusión: la percepción ciudadana en España con
respecto a la corrupción está disparada. ¿Por qué?
Contrario a lo que algunos piensan, no vivimos en el momento en el que
más corrupción existe. De hecho, ha habido épocas peores, pero importaba menos
al pueblo. ¿Cuándo ha surgido el problema? En esencia, la crisis económica ha
llevado a un grado alto de desafección donde 3 de cada 4 españoles dicen no
sentir que el Parlamento les representa y que los políticos no dan soluciones a
sus necesidades.
Por otro lado, desde un punto de vista comunicativo, vivimos en un
nuevo mundo donde la tecnología ha cambiado la sociedad, e Internet ha
promovido que todo tenga que ser más transparente y participativo. Nuevas
demandas requieren de nuevos discursos (pluralismo) y nuevas estrategias de
comunicación. ¿Aumenta la percepción de corrupción en la opinión pública cuando
aumenta el número de noticias de casos corruptos? Sí. A más información, más
desconfianza. La prensa ha jugado un papel vital en esa distancia de percepción
ciudadana con lo que realmente ocurre.
Todo ello lleva a efectos negativos sobre la voluntad de obedecer las
leyes: si yo veo que los políticos roban, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Existe
una diferencia entre las normas sociales y las normas morales. ¿Es deber ético
cumplir las leyes? En Finlandia ambos conceptos –ética y ley- están muy
arraigados y conectados. No así ocurre en España: se cumplen las normas para
evitar una sanción, no porque creamos que es nuestro deber.
Cuando esto pasa, cuando la relación entre deber y ley no es ético,
sino social, las normas tienden a no cumplirse. Resultado de todo esto: la
cultura de la legalidad cae en un profundo riesgo en todos los niveles. Y así,
se asume que ciertas conductas delictivas son correctas porque entendemos que
la legalidad no tiene por qué ser legítima.
En definitiva, la clave está en reformar las instituciones para que el
pueblo vuelva a recuperar la confianza: transparencia, igualdad ante la ley y
justicia, que se traduce en dar a cada uno lo suyo y que, quien la hace, la
pague. Porque realmente, en estos momentos que vivimos, la mayor amenaza para
España no son los flujos migratorios, el crimen organizado o el terrorismo
yihadista. La mayor amenaza para España es la propia España.
F.D.O. Andrea Mateos.
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